Estos días ha sido noticia unas declaraciones del alcalde de Vitoria en las que, sin aportar datos, acusaba a marroquíes y argelinos de vivir de las ayudas y no querer trabajar. Si hubiera pleno empleo podría ser creíble pero el argumento de los cinco millones de parados debilitan mucho las afirmaciones del señor Maroto que suele lanzar este tipo de declaraciones especialmente en época electoral. Será que se está preparando para lo que se le viene en menos de un año. No niego que haya fraude en el cobro de las ayudas, lo habrá como en todos los ámbitos. Pero hay fraudes que se toleran más que otros, y esa tolerancia no depende del daño que se haga a lo público, sino de quién sea el defraudador. Si es negro y no habla castellano, es motivo de titulares; si es empresario de cuello blanco parece que no es tan grave y es «ley de vida». No he oido nunca a Maroto dar un titular sobre el fraude fiscal, que a las arcas alavesas ha privado de ingresar al menos 147,7 millones de euros solo en este año. Eso es casi la mitad del presupuesto que el Gobierno Vasco tiene para la Renta de Garantía de Ingresos de todo el País Vasco en 2014. O expresado de otra forma, el fraude fiscal en Alava equivale al importe que recibirían durante un año 14.500 familias. ¿Hay fraude en la RGI?. Si, claro. Pero demos a cada situación de fraude la importancia que tiene y que las administraciones públicas se esfuercen en reducirlo, empezando por los que tienen un mayor impacto en el cobro de impuestos y, por tanto, en los servicios públicos.
En el alquiler también estamos detectando situaciones de fraude, de las que nos hablan algunas personas que la padecen o han padecido. De momento ninguna ha sido promovida por los inquilinos. Hay propietarios que no dejan a sus inquilinos declarar el alquiler, para así no tener que declararlo ellos y defraudar a Hacienda. El impacto no es solo negativo para las arcas públicas, sino también para los inquilinos, que no se pueden aplicar deducciones por alquiler a las que tienen derecho en el IRPF. La situación es más grave cuando ni siquiera se les permite empadronarse, lo que además de lo anterior, les impide acceder a la RGI si lo necesitaran. Y la situación más extrema es aquella en la que, a lo anterior, se une el hecho de que la vivienda sea de VPO y se alquile sin autorización del Gobierno Vasco. Esa situación es triplemente fraudulenta porque un particular se está lucrando irregularmente gracias a una inversión pública, no paga impuestos, e impide a sus inquilinos acceder a sus derechos en el terreno fiscal y de ayudas sociales.
Así pues, lo lógico es exigir a las administraciones públicas que sean firmes, justos y eficientes ante todos los fraudes. Eso pasa por dedicar mayores esfuerzos a luchar contra el fraude que tiene mayor impacto sobre la sociedad, y que no es el de la RGI, sino el fraude fiscal, contra el que deben promover también el rechazo social.
