Un caso real de alquiler que empieza mal y acaba peor

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Acabo de leer la noticia de un desahucio por impago de alquiler en Cantabria que ha terminado de forma feliz para los inquilinos: una entidad bancaria (Liberbank, la antigua Caja Cantabria) les ha cedido una vivienda en alquiler social. Para conocer en detalle el caso habría que acudir a la sentencia, pero nos conformaremos esta vez con la información que da la prensa que, ya adelanto, es un contrato de alquiler que no empezó bien.

De entrada, se dice que los inquilinos adelantaron la renta de todo un año. Para una familia con todos sus miembros en paro no me parece nada adecuado soltar de golpe más de 6000€, probablemente todos o casi todos los ahorros. Entiendo la posición del arrendador, que quiere tener una garantía de pago (y una familia en paro no es mucha garantía, sino todo lo contrario). Por la información que se publica, desde mi punto de vista esta familia debería ser usuaria de vivienda protegida en alquiler, algo que en Cantabria es prácticamente inexistente y no parece que el actual gobierno esté interesado en desplegar una estrategia de alquiler social. En una comunidad autónoma sin renta de garantía de ingresos, como hay en Euskadi, las familias sin ingresos lo tienen realmente complicado para satisfacer las necesidades más básicas. En todo caso, no me parece nada adecuado soltar tal cantidad de dinero y mucho menos en una situación de desprotección como la que tenía esta familia. 

Por otra parte parece que el motivo del desahucio es el impago de suministros, no de rentas (que habían sido abonadas por anticipado). Los inquilinos, siempre según la noticia, se quejan de que el arrendador les ha pasado las facturas de golpe y no han tenido capacidad de responder a cantidades tan elevadas, mientras que si les hubieran llegado paulatinamente, sí habrían podido hacer frente al pago. El error en este caso ha sido no poner los suministros a nombre de los arrendatarios para que las compañías suministradoras les facturen directamente a ellos, les lleguen las facturas en el momento en que se emiten y respondan ante la compañía suministradora de los posibles impagos, y no ante el arrendador. Si se hubiera hecho de esa forma el riesgo de impago habría sido menor (al no recibir todas las facturas de golpe) y el efecto del impago habría sido, como mucho, el corte de suministro (que, como diría Rajoy, no es un problema menor, es un problema mayor), pero no habría habido desahucio. 

Todo esto me lleva a recordar nuestra propuesta: la gestión profesional de los alquileres, desde el principio, es una herramienta para reducir los problemas y conseguir alquileres tranquilos, asesorando a arrendadores y arrendatarios y evitando problemas a ambas partes. 

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