El Partido Popular ha hecho pública hoy su «Declaración de Asturias», un conjunto de medidas que, según la formación política, busca responder a los retos actuales del acceso a la vivienda. En general las propuestas adolecen de falta de medidas efectivas para abordar la crisis de vivienda, tanto a corto como a largo plazo.
La «Declaración de Asturias» se queda corta al plantear soluciones reales. Las propuestas presentadas no abordan los problemas estructurales de acceso a la vivienda, como la escalada de los precios del alquiler o la falta de vivienda asequible, y priorizan medidas que podrían generar más especulación en el mercado inmobiliario.
Análisis de las medidas propuestas:
- Reducción del ITP al 4% para jóvenes: consideramos positivo bajar este impuesto, pero critica que se limite a los jóvenes. En el País Vasco, por ejemplo, el ITP para vivienda habitual ya es del 2,5%, independientemente de la edad de la persona compradora. Además, cabe recordar que este impuesto es una competencia de las comunidades autónomas y que las comunidades gobernadas por el PP mantienen el ITP entre el 6 y el 10%. Una medida más equitativa sería extender esta reducción a todas las compras de vivienda habitual, manteniendo los IPT actuales para compra de vivienda como inversión o especulativa.
- Ampliación de los avales hipotecarios hasta los 40 años: Aunque podría beneficiar a algunos compradores, esta medida no diferencia entre adquisición de vivienda habitual y posibles compras especulativas. Debería centrarse en garantizar el acceso a quienes realmente necesitan una vivienda, no a especuladores.
- Seguros de impago para viviendas vacías: incentivar el alquiler es positivo, pero estos incentivos deben estar ligados a alquileres asequibles, no al precio actual de mercado. No tiene sentido que el erario público subvencione seguros de alquiler a arrendadores que cobran rentas mensuales de 1.000 euros. Sin embargo, hay un avance en que el Partido Popular, por primera vez, admita el problema de la vivienda vacía. Hasta ahora, habían priorizado el derecho a la propiedad privada como justificación para que los propietarios mantuvieran sus viviendas vacías, obviando el artículo 33 de la Constitución española, que establece que la propiedad privada estará sometida siempre a su función social.
- Desbloqueo de la Ley antiokupas: La okupación ilegal es un problema marginal comparado con la falta de oferta de vivienda, los pisos turísticos o el aumento de precios. Enfocar los esfuerzos en este ámbito desvía la atención de los problemas reales del acceso a la vivienda.
- Suelo público para viviendas de alquiler un 30% más barato que la media: el suelo público debería destinarse exclusivamente a vivienda pública, con precios accesibles y calificación permanente. Proponer un precio un 30% más barato que la media del mercado actual equivale, en muchos casos, a los precios de 2020. El suelo público debe garantizar vivienda asequible y protegida de por vida, no replicar los problemas del mercado privado.
- Flexibilización del acceso a VPO: La propuesta parece aumentar la demanda sin incrementar la oferta ni garantizar que las viviendas protegidas mantengan su calificación en el tiempo, un error que perpetúa la insuficiencia del parque de VPO. Además, no se ha precisado de qué forma se flexibilizará el acceso: ¿Se facilitará acceso a rentas más altas? ¿A personas refugiadas o inmigrantes sin papeles? (poco probable conociendo la postura del PP respecto a estos colectivos) ¿Qué sectores de la población se verían favorecidos y cuáles perjudicados ante una mayor demanda de vpo que no es respondida con un aumento de la oferta?»
- Derogación de la Ley de Vivienda: esta medida eliminaría protecciones cruciales para los inquilinos, como los límites de precio de alquiler, la obligación de los propietarios de asumir los honorarios de inmobiliarias o las bonificaciones fiscales a arrendadores. Derogar la ley no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, solo empeorará la situación de los más vulnerables.
Medidas ausentes en la Declaración:
- Ampliación del parque de vivienda protegida, especialmente en alquiler, estableciendo calificaciones permanentes para que las viviendas de VPO mantengan su calificación de por vida. Una medida que resulta fundamental para atajar el problema de acceso a la vivienda a medio y largo plazo y que es necesario poner en marcha cuanto antes.
- Regulación de los pisos turísticos para que recuperen su uso residencial. El rescate de viviendas destinadas al alquiler turístico y su regreso al uso residencial es una de las pocas medidas con un impacto inmediato en la oferta de vivienda. Este tipo de iniciativas podría aliviar la tensión en el mercado del alquiler a corto plazo, aumentando la disponibilidad de viviendas y ayudando a estabilizar los precios en las áreas más afectadas por el turismo.
- Transparencia en el mercado inmobiliario para evitar información sesgada. La mayor parte de los informes estadísticos que se publican provienen de partes interesadas en el mercado inmobiliario, como portales, fondos, bancos o tasadoras, lo que puede introducir un sesgo evidente en la información disponible. Además, las pocas estadísticas publicadas por la administración son a menudo contradictorias y se presentan con un considerable retraso (por ejemplo, las estadísticas de venta se publican con tres o cuatro meses de demora). Habría que liberar los datos del Registro de la Propiedad para fomentar un mercado inmobiliario más transparente, como se explica en nuestro post «Liberar los datos del Registro de la Propiedad para hacer un mercado de vivienda más transparente«.
- Penalizaciones efectivas para viviendas vacías. La teoría tradicional que se sigue en Europa para movilizar viviendas vacías combina medidas de «palo y zanahoria»: primero, se establecen incentivos como garantías de alquiler, bonificaciones fiscales o ayudas a la rehabilitación para fomentar la movilización de estas viviendas. Sin embargo, también es necesario incluir medidas penalizadoras para las viviendas que permanecen sin uso, como tasas, cánones e incluso la expropiación en algunos casos. En este sentido, el Partido Popular no menciona ningún tipo de medida penalizadora, dejando incompleta su propuesta para abordar el problema de la vivienda vacía.
- Ayudas a la rehabilitación para fomentar la sostenibilidad.
