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Un nuevo informe que confirma una realidad conocida
Provivienda ha publicado recientemente el informe “¿Se alquila? II. Racismo y segregación en el alquiler de vivienda”, una investigación centrada en el mercado de alquiler en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona que pone cifras y evidencias a una situación tantas veces denunciada: la discriminación que sufren muchas personas extranjeras en su búsqueda de una vivienda en alquiler.
Este informe da continuidad al estudio publicado en 2020 y vuelve a utilizar una metodología basada en «testings»: llamadas simuladas a inmobiliarias por parte de personas con perfiles similares (socioeconómicos, laborales, familiares), pero con una única diferencia: una tiene un acento considerado español y la otra un acento extranjero. Además, se simulan contactos de propietarios que piden explícitamente no alquilar a personas extranjeras.
Resultados que alarman: el 99% de las agencias acepta peticiones racistas
El dato más escalofriante del informe es claro: el 99% de las agencias inmobiliarias contactadas aceptó sin objeciones una cláusula racista propuesta por un falso propietario. Esto supone un aumento respecto al 72,5% registrado en 2020.
No se trata de casos aislados ni de actitudes individuales, sino de un sistema que permite, reproduce y normaliza la discriminación por origen, raza, religión o nacionalidad en el acceso a la vivienda.
El estudio detecta dos tipos de discriminación directa:
- Absoluta: cuando directamente se impide el acceso a la vivienda por ser extranjero.
- Relativa: cuando se dificultan las condiciones (se exigen más garantías, se ofrecen menos opciones o zonas de menor calidad, etc.).
En ambos casos, se excluye a personas con perfiles perfectamente solventes y adecuados para alquilar.
Discriminación jerarquizada
El informe revela también que la discriminación se ejerce de forma jerarquizada. No se trata solo de ser extranjero, sino de qué origen se tenga. Mientras que a personas de países europeos, con altos ingresos o profesiones prestigiosas (como diplomáticos o nómadas digitales), se les intenta «negociar» su aceptación como inquilinos, a personas migrantes de América Latina, África o Asia directamente se las descarta.
Las presunciones de impago, hacinamiento o conductas indeseadas se activan automáticamente sobre ciertos perfiles, aunque tengan solvencia demostrada.
Consecuencias territoriales: segregación y exclusión
El estudio analiza también cómo esta discriminación impacta en la configuración urbana. A los perfiles extranjeros se les ofrecen la mitad de opciones que a los nacionales y, además, se les recomienda buscar en zonas periféricas, ya gentrificadas o con mayor presencia de población migrante. En cambio, al perfil español se le abren opciones en barrios centrales, bien valorados y con menor presencia de personas extranjeras.
Esto alimenta procesos de segregación residencial, vulnerabilidad y exclusión social. La vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un filtro de acceso a la ciudad.
La discriminación se sofistica
El informe pone de relieve cómo la discriminación no siempre es explícita. A menudo se esconde tras excusas: pisos ya alquilados, solicitudes de documentación previas a la visita, seguros de impago que exigen DNI (y no NIE), falta de alternativas… Estas estrategias buscan bloquear desde el principio el acceso a determinados perfiles.
El trato más rígido, menos amable y más exigente hacia el perfil extranjero es una constante. Y muchas veces, quienes discriminan lo hacen intentando justificar que «no son racistas», pero acatando sin cuestionar las exigencias del cliente.
Etikalia: actuamos para evitar la discriminación
En Etikalia también nos hemos encontrado con arrendadores que nos han hecho peticiones de este tipo. Parece que no pillan que el nombre de la agencia tiene un significado. En esos casos hacemos dos cosas. Primero tratamos de reconducirles a que permitan alquilar a extranjeros, y que los criterios de selección de los mismos se basen en otros criterios, como solvencia, pero no en su nacionalidad, por ejemplo. Y si siguen insistiendo en que no quieren alquilar a extranjeros les invitamos a que lo gestionen con otra agencia. Es decir, nunca hemos aceptado una imposición racista o discriminatoria por parte de los arrendadores.
Aún así, la imposición nos la podemos encontrar también cuando ya hemos seleccionado a unos inquilinos, no al principio de la negociación con los propietarios. Por ello, incluimos en nuestros contratos de comercialización y gestión de alquiler una cláusula específica que impide que los propietarios impongan criterios discriminatorios:
«Las partes acuerdan expresamente que se considerará a todos los efectos incumplimiento del presente contrato, por cualquiera de las contratantes, con los efectos previstos en los párrafos precedentes, la negativa a arrendar el inmueble objeto del presente contrato por motivos de género, origen, raza, religión, presencia de menores de edad en el núcleo familiar u orientación afectiva de la parte arrendataria.»
Este incumplimiento conlleva la resolución inmediata del contrato y el pago de una indemnización a la agencia.
Compartimos esta cláusula por si otras agencias desean adoptarla. Solo con compromiso real, desde dentro del sector, podremos erradicar estas prácticas injustas y construir un mercado del alquiler más justo, inclusivo y respetuoso con los derechos humanos.
